La inteligencia artificial (IA) ya no es solo una herramienta del futuro, sino una realidad que está también redefiniendo el ámbito jurídico y judicial en Argentina. Así lo destacó el abogado Lucas Silva, integrante del grupo Lawtech, durante una entrevista con Sebastián Di Domenica y Maximiliano Casalía en el programa Mañana inteligente por AM 770 Radio República. Silva subrayó cómo la tecnología ha comenzado a optimizar procesos legales, pero también advirtió sobre los desafíos éticos y regulatorios que plantea su adopción acelerada.
El uso de la IA en el sector legal ya es tangible. Según explicó Silva, estudios jurídicos emplean algoritmos para redactar documentos y analizar pruebas o documentos, mientras que algunos tribunales recurren a estas herramientas para elaborar borradores de resoluciones o sentencias. Sin embargo, este avance no está exento de polémicas. Un caso reciente en un tribunal en una provincia, donde se detectó la utilización directa de contenido generado por IA en una resolución judicial, ha puesto en evidencia los riesgos de delegar decisiones críticas a sistemas automatizados sin la debida supervisión humana.
El debate sobre la regulación de la IA en la justicia es urgente. Silva señaló que, si bien la tecnología puede agilizar trámites y reducir cargas administrativas, es fundamental establecer marcos normativos que garanticen transparencia, ética y respeto de los interesados. La confidencialidad de los datos y la imparcialidad de los algoritmos son aspectos clave que deben ser abordados para evitar sesgos o abusos en su aplicación.
Las instituciones judiciales no se quedan atrás. Silva destacó que la justicia argentina ha invertido en capacitación y avanzó con protocolos para integrar la IA de manera responsable. El objetivo es claro: automatizar tareas repetitivas, como la gestión de algunos aspectos judiciales, para que los profesionales del derecho puedan concentrarse en asuntos más complejos y estratégicos. Esta transición, sin embargo, requiere de un equilibrio delicado entre innovación y precaución.
Silva mencionó que provincias como Santa Fe o ciudades como Rosario ya están implementando soluciones basadas en IA para mejorar la eficiencia en el sector público. Este escenario no solo beneficia a los operadores jurídicos, sino que también impulsa la economía local al fomentar la creación de startups especializadas.
A pesar de los avances, persisten interrogantes sobre la perspectiva. ¿Hasta qué punto la IA puede interferir el criterio humano en decisiones judiciales? Silva fue claro: la tecnología debe ser una aliada, no un sustituto. La capacidad de análisis y la sensibilidad ética de los jueces y abogados siguen siendo irremplazables, especialmente en casos que requieren una interpretación profunda de la ley y las circunstancias humanas.
El desafío, entonces, es doble: por un lado, aprovechar el potencial de la IA para democratizar el acceso a la justicia y agilizar procesos; por otro, asegurar que su uso no comprometa los principios fundamentales del Estado de derecho. La experiencia internacional muestra que países con regulaciones claras logran un equilibrio más efectivo entre innovación y protección de derechos.
En este contexto, Argentina tiene la oportunidad de posicionarse como líder regional en la adopción responsable de IA en el ámbito legal. Para ello, será clave fomentar la colaboración entre el sector público, la academia y el sector privado, promoviendo estándares que prioricen la transparencia y la rendición de cuentas. La clave no está en resistirse a la tecnología, sino en aprender a gobernarla con sabiduría.
Para profundizar en el análisis, se puede acceder a la entrevista completa aquí:
