El historiador Yuval Noah Harari encendió las alarmas sobre una iniciativa que podría convertir a Argentina en uno de los primeros paises del mundo en permitir empresas gestionadas al cien por ciento por inteligencia artificial, sin responsables humanos legalmente identificables. El debate surgió tras la publicación de un artículo en el Financial Times, donde el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger esbozaron varias propuestas con relación a la IA, todas muy riesgosas y bajo el pretexto de buscar atraer inversiones tecnológicas.

La idea central del gobierno argentino incluye tres ejes: no regular la inteligencia artificial (aunque ya casi ningún país defiende la no regulación de la IA, por los enormes riesgos que conlleva), crear un marco legal para empresas autónomas operadas por IA o robots, y reducir impuestos al sector. 

Con relación al segundo punto, este implica la legalización de corporaciones no humanas que podrían tener beneficiarios económicos, pero carecerían de directivos o accionistas humanos identificables que respondan legalmente por sus acciones. Una fórmula que abre todo tipo de interrogantes éticos y jurídicos.

Harari advirtió que este modelo eliminaría los mecanismos tradicionales de disuasión que rigen el comportamiento corporativo. Los directivos humanos actúan con prudencia porque enfrentan dos consecuencias concretas ante un fraude o una mala gestión: la quiebra empresarial y personal y la prisión. Una entidad controlada exclusivamente por algoritmos no teme a estos castigos, lo que genera un vacío de responsabilidad si sus decisiones provocan daños masivos a terceros, ya sean económicos, sociales o ambientales.

Milei respondió al historiador con un argumento muy débil: la IA sí tendría un tipo de miedo, el de desaparecer. Según su visión, un error crítico o una condena judicial implicarían la eliminación del sistema o de la empresa, lo que funcionaría como un límite natural. Sin embargo, este planteo no resuelve el problema de fondo sobre la responsabilidad frente a un daño. La ley civil hoy considera a la IA (o cualquier sistema informático) y los robots como cosas, no como personas jurídicas con capacidad de responder por sus actos.

El derecho argentino, al igual que en la mayoría de las legislaciones, exige que ante un daño causado por una cosa, se identifique a un dueño o responsable humano que asuma las consecuencias con su patrimonio. Aunque la empresa gestionada por IA o robots responda con los bienes que pueda tener, si carece de fondos suficientes para cubrir un perjuicio masivo, el vacío legal persiste, ya que deja a las víctimas sin compensación y al Estado sin herramientas para sancionar a un sujeto inexistente.

Expertos en derecho informático han señalado que el principal riesgo radica en la ausencia de precedentes globales para sociedades comerciales completamente automatizadas. En casos de lavado de dinero, evasión fiscal o delitos financieros, la pregunta clave sigue sin respuesta: ¿quién asume la responsabilidad penal si no hay humanos involucrados en la toma de decisiones? El debate se extiende a escenarios donde estas empresas operen en mercados bursátiles o administren activos sin supervisión.

El proyecto argentino contrasta con los enfoques regulatorios de otras jurisdicciones. Mientras la Unión Europea prioriza la gobernanza y la mitigación de riesgos en el uso de IA, Argentina apuesta por un modelo que reconoce personalidad jurídica a entidades sin intervención humana. Esta propuesta incluye a organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) basadas en blockchain, con puntos puntos legales aún no resueltos.

El mundo observa con atención este experimento jurídico que plantea dilemas éticos sobre el poder de sistemas autónomos sin contrapesos humanos. Una iniciativa sobre la que muchos afirman que abre la puerta a abusos sin consecuencias.

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Información desarrollada a partir de la columna de Sebastián Di Domenica. Video original: https://youtu.be/Gt72VCxNYSY?si=e1nFKcL5hAdlIqRG