El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil ha adoptado un enfoque pionero en América Latina para proteger la integridad de sus procesos electorales frente a los riesgos de la inteligencia artificial y los *deepfakes*. Con las elecciones generales de 2026 en el horizonte, el organismo ha implementado un marco normativo robusto que busca anticiparse a los desafíos que plantean las tecnologías emergentes en la desinformación y la manipulación del electorado.

Un estudio reciente revela que el 63% de los brasileños planea utilizar motores de búsqueda y herramientas de IA para informarse sobre los candidatos y sus propuestas durante el período electoral. Este dato subraya la urgencia de regular un espacio donde la desinformación puede propagarse con rapidez y alcance sin precedentes. El TSE ha respondido con medidas concretas, como la prohibición expresa a empresas tecnológicas, incluyendo gigantes como Google y OpenAI, para que sus sistemas de IA respondan preguntas orientativas sobre preferencias electorales o elaboren rankings de candidatos, para evitar así una influencia directa en las decisiones de los votantes.

Las redes sociales también tienen un papel clave en esta estrategia. Durante la *veda electoral*, las plataformas deberán adoptar medidas proactivas para frenar la viralización de contenidos manipulados o *deepfakes* diseñados para confundir al electorado. Este enfoque preventivo contrasta con las acciones reactivas observadas en otros países de la región, como Argentina, donde la justicia intervino *a posteriori* para retirar materiales engañosos ya viralizados. Brasil apuesta por actuar antes de que el daño se propague, estableciendo un precedente en la lucha contra la desinformación.

Otra de las innovaciones normativas obliga a partidos políticos y candidatos a identificar de manera clara y explícita cualquier material de audio o video que haya sido creado o alterado mediante IA. La Resolución N° 23.610/TSE, actualizada en marzo de 2026, prohíbe además la publicación, republicación o promoción pagada de contenidos sintéticos generados o modificados por IA durante las 72 horas previas a la votación y las 24 horas posteriores. Esta medida busca evitar que la manipulación digital distorsione el juicio de los votantes en los momentos más críticos del proceso.

El TSE ha formalizado acuerdos con siete redes sociales, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads), Google Brasil (YouTube y Búsqueda), ByteDance (TikTok), X (antes Twitter), Telegram, Kwai y LinkedIn, y tres empresas de IA: OpenAI, ElevenLabs y Anthropic. Estas alianzas refuerzan el compromiso de las plataformas para detectar y eliminar *deepfakes* que busquen engañar a los electores o atacar a adversarios políticos. Además, se ha establecido que cualquier propaganda que utilice contenido sintético debe incluir un aviso obligatorio, accesible y destacado, informando sobre su origen artificial.

El presidente del TSE, ministro Nunes Marques, ha descrito el desafío de regular la IA en las elecciones como uno de los más complejos de la actualidad. La inteligencia artificial, aunque representa un avance para la humanidad, puede causar daños graves al proceso democrático si se utiliza de manera indebida. Por ello, el tribunal ha profundizado la colaboración con universidades y órganos especializados en peritaje digital para garantizar un análisis técnico riguroso de los contenidos manipulados.

Sin embargo, persisten preocupaciones sobre los sesgos tecnológicos: se mantiene el riesgo de difusión de desinformación, que responda a intereses extranjeros. Esa posibilidad refuerza la necesidad de trabajar para evitar condicionantes al debate público o la voluntad de los votantes.

El modelo brasileño, que prioriza la prevención sobre la reacción, marca un camino para otros países de la región. Mientras el mundo enfrenta el dilema de cómo equilibrar innovación tecnológica y protección democrática, Brasil avanza para intentar establecer reglas claras. El éxito de estas medidas dependerá, en gran parte, de la capacidad de las instituciones para hacerlas cumplir y de la colaboración efectiva entre el Estado, las plataformas digitales y la sociedad civil.

---

*Fuente: Información basada en el análisis de Sebastián Di Domenica.*

*Video de referencia: (https://youtu.be/UENVPAx1Lnk?si=A_80UlRNLq7KG_VP)*