El uso de inteligencia artificial para manipular la opinión pública durante procesos electorales se ha convertido en uno de los mayores desafíos para las democracias modernas. Mientras algunos países adoptan medidas proactivas, otros avanzan con enfoques fragmentados, en ambos casos se plantean diferencias jurídicas y políticas. Brasil y Estados Unidos representan dos modelos opuestos en la lucha contra los *deepfakes* y el uso indebido de la IA en campañas políticas, con estrategias que van desde la regulación centralizada hasta la resistencia a cualquier intervención federal.

Brasil y una regulación estricta para analizar

Brasil ha emergido como un referente global al implementar un marco regulatorio integral para evitar la interferencia de la IA en sus elecciones. El Tribunal Superior Electoral del país sudamericano estableció normas estrictas que prohíben la creación y difusión de *deepfakes* con fines electorales, así como cualquier manipulación engañosa de contenido. Estas medidas no solo buscan proteger la integridad del proceso democrático, sino también garantizar que los ciudadanos reciban información veraz y no distorsionada. La prohibición se extiende a un período crítico: las 72 horas previas y las 24 horas posteriores a la votación, durante las cuales queda completamente vetado cualquier contenido generado por IA con intenciones políticas.

El alcance de las regulaciones brasileñas no se limita a los actores humanos. Los principales modelos de lenguaje, como ChatGPT o Claude, están obligados a negarse a responder preguntas que busquen recomendaciones sobre qué candidato votar. Esta decisión no es menor si se considera que, según encuestas recientes, un 63 por ciento de los brasileños manifestaron su intención de consultar a la IA para obtener información sobre las propuestas electorales o los perfiles de los candidatos. La medida busca evitar que los sistemas de IA, incluso de manera involuntaria, influyan en la decisión del electorado.

Las plataformas digitales también tienen un rol clave en este esquema. Las redes sociales están obligadas a evitar la viralización de contenidos falsos o no etiquetados, asegurando que cualquier material generado por IA sea claramente identificado. Esta aproximación integral, que abarca desde la creación hasta la distribución de contenido, refleja la voluntad de Brasil de ofrecer un marco claro y predecible, tanto para los ciudadanos como para las empresas tecnológicas.

Estados Unidos con leyes por estados

En contraste, Estados Unidos carece de una ley federal que regule de manera unificada el uso de la IA y los *deepfakes* en procesos electorales. A diferencia del modelo brasileño, donde el Tribunal Superior Electoral centraliza las normas, en EEUU este tema queda en manos de los estados. Hasta el momento, más de 30 estados han implementado sus propias regulaciones locales para sancionar la creación y difusión de *deepfakes*, así como para exigir el etiquetado de contenidos generados por IA. Sin embargo, la falta de una normativa nacional genera un mosaico de reglas dispares, que pueden variar significativamente de un territorio a otro.

La postura del gobierno federal de Donald Trump ha añadido una capa adicional de complejidad al debate. La administración se ha opuesto abiertamente a la implementación de regulaciones federales, ya que argumentan que este tipo de restricciones entran en conflicto con la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión. Esta postura refleja una visión que prioriza los derechos individuales sobre la intervención estatal, incluso cuando el objetivo es proteger la integridad de los procesos democráticos. Críticos de esta posición señalan que, en un contexto donde la desinformación puede propagarse a velocidad sin precedentes, la ausencia de un marco federal deja al país vulnerable a manipulaciones a gran escala.

Modelos diferentes

Mientras Brasil apuesta por un enfoque preventivo y centralizado, Estados Unidos confía en la autonomía de sus estados, con el riesgo de que la falta de uniformidad debilite la efectividad de las medidas. Lo cierto es que, en un mundo donde la tecnología avanza más rápido que la legislación, ambos modelos enfrentan el desafío de mantenerse al día con las tácticas de desinformación.

El debate sobre cómo regular el uso de la IA en elecciones sigue abierto, pero el ejemplo de Brasil demuestra que es posible establecer reglas claras sin sacrificar la innovación. En tanto, Estados Unidos enfrenta el dilema de equilibrar la libertad de expresión con la necesidad de proteger sus instituciones democráticas de las amenazas que surgen de la manipulación digital. Lo que ambos países tienen en común es el reconocimiento de que, sin acciones concretas, la integridad de las elecciones podría verse comprometida.

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*Nota basada en información analizada por Sebastián Di Domenica.*

[Video de referencia](https://youtu.be/6mnLBNttXvk?si=rJtZhfAd6WXEBp_y)